Colombia padece desde hace casi 40 años uno de los conflictos armados más cruentos de América Latina, de serias y profundas consecuencias para la sociedad en general y, en particular, para las organizaciones y personas que trabajan en la defensa y el fomento de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y la paz.
Esas organizaciones y personas vienen padeciendo múltiples y graves violaciones de sus derechos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho a la la vida y a la integridad física. Hechos cuya responsabilidad comparten, en diverso grado, los distintos actores armados : fuerzas militares y policiales, grupos paramilitares y grupos guerrilleros
La ocupación territorial ha significado a menudo el desarrollo de un clima de violencia extrema en contra de la población civil indefensa, en especial la población rural o residente en pequeñas ciudades y poblados, y más específicamente en contra de sus dirigentes o personas más representativas. Tal violencia, expresada en amenazas, persecuciones, detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y masacres, también se manifiesta en el desplazamiento forzado por la acción deliberada de actores armados, en particular los grupos paramilitares, lo mismo que por el temor de sufrir actos represivos o para escapar a la degradación de las condiciones generales de vida, la miseria económica, etc. Fenómeno que afecta a más 1'500.000 personas, en su mayoría niños y jóvenes menores de 18 años.
En ese marco las actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, en particular el acopio de informaciones y la denuncia de violaciones de esos derechos, la lucha contra la impunidad y la asistencia a personas desplazadas, incluyendo la exigencia del retorno a sus tierras o su reubicación, motivan un clima de caracterizadas reacciones desproporcionadas, violentas e injustificadas contra los defensores y sus organizaciones.
Tal situación, conducente a graves y sistemáticas violaciones de los derechos y libertades fundamentales de los defensores de los derechos humanos, se ha visto alentada por autoridades estatales y gubernamentales, quienes han favorecido el desarrollo de un ambiente de desconfianza, estigmatización y rechazo de las actividades de los defensores y sus organizaciones.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos ha constatado, con profunda preocupación, una sensible agravación de los niveles de violencia y represión en todo el país; situación que tiene como blanco principal la población civil y en particular las personas y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, a quienes los actores armados, especialmente los grupos paramilitares, sitúan en la primera línea del conflicto.
El Observatorio considera tal evolución como un efecto de la aplicación del Plan Colombia, toda vez que precisamente en las últimas semanas la confrontación armada ha parecido intensificarse entre fuerzas militares y guerrilla, mientras que por otra parte se ha agudizado la ocupación territorial, las agresiones de grupos paramilitares contra la población civil y el desplazamiento forzado de ésta, lo mismo que las amenazas y atentados contra los defensores de los derechos humanos, incluido en el derecho humanitario y la paz.
Esas organizaciones y personas vienen padeciendo múltiples y graves violaciones de sus derechos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho a la la vida y a la integridad física. Hechos cuya responsabilidad comparten, en diverso grado, los distintos actores armados : fuerzas militares y policiales, grupos paramilitares y grupos guerrilleros
La ocupación territorial ha significado a menudo el desarrollo de un clima de violencia extrema en contra de la población civil indefensa, en especial la población rural o residente en pequeñas ciudades y poblados, y más específicamente en contra de sus dirigentes o personas más representativas. Tal violencia, expresada en amenazas, persecuciones, detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y masacres, también se manifiesta en el desplazamiento forzado por la acción deliberada de actores armados, en particular los grupos paramilitares, lo mismo que por el temor de sufrir actos represivos o para escapar a la degradación de las condiciones generales de vida, la miseria económica, etc. Fenómeno que afecta a más 1'500.000 personas, en su mayoría niños y jóvenes menores de 18 años.
En ese marco las actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, en particular el acopio de informaciones y la denuncia de violaciones de esos derechos, la lucha contra la impunidad y la asistencia a personas desplazadas, incluyendo la exigencia del retorno a sus tierras o su reubicación, motivan un clima de caracterizadas reacciones desproporcionadas, violentas e injustificadas contra los defensores y sus organizaciones.
Tal situación, conducente a graves y sistemáticas violaciones de los derechos y libertades fundamentales de los defensores de los derechos humanos, se ha visto alentada por autoridades estatales y gubernamentales, quienes han favorecido el desarrollo de un ambiente de desconfianza, estigmatización y rechazo de las actividades de los defensores y sus organizaciones.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos ha constatado, con profunda preocupación, una sensible agravación de los niveles de violencia y represión en todo el país; situación que tiene como blanco principal la población civil y en particular las personas y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, a quienes los actores armados, especialmente los grupos paramilitares, sitúan en la primera línea del conflicto.
El Observatorio considera tal evolución como un efecto de la aplicación del Plan Colombia, toda vez que precisamente en las últimas semanas la confrontación armada ha parecido intensificarse entre fuerzas militares y guerrilla, mientras que por otra parte se ha agudizado la ocupación territorial, las agresiones de grupos paramilitares contra la población civil y el desplazamiento forzado de ésta, lo mismo que las amenazas y atentados contra los defensores de los derechos humanos, incluido en el derecho humanitario y la paz.
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